Los ciclones y la vivienda
popular
Aquiles Córdova Morán
Secretario General Movimiento Antorchista
Cualquier fenómeno natural con cierta capacidad
destructiva saca a relucir una de las injusticias sociales más graves y
generalizadas en nuestro país: la falta de vivienda digna y segura. Una simple
“tormenta tropical”, poco más intensa que una lluvia normal, basta para
provocar las escenas desgarradoras de cientos y miles de personas con sus casas
inundadas, semidestruidas, o de plano derrumbadas, muchas veces incluso sobre
las cabezas de sus dueños. Provoca ira, ira solidaria con el dolor ajeno,
contemplar “en vivo y en directo” por televisión a esas familias que, de la
noche a la mañana, lo pierden todo y quedan literalmente en la calle gracias a
lo accidentado del terreno donde viven y a los materiales perecederos de sus
viviendas. Diré de paso que causa igual indignación la manipulación de muchos
medios informativos que se regodean mostrando las miserias más íntimas de esa
pobre gente, que hacen un espectáculo mediático de su dolor para consumo de un público morboso y mal educado, que fingen
compasión sólo para poder exhibirlos en actitudes degradantes con el pretexto
de servir fielmente a la verdad, cuando lo cierto es que sólo se trata de
elevar el “rating” del programa o del noticiero en cuestión.
Pero volvamos a nuestro asunto. Decía yo que es ya normal
contemplar, después de algún evento natural, una estela de destrucción, de
sufrimiento humano que indudablemente subleva. Y que subleva más cuando
comprobamos que el total de los afectados son siempre gente muy pobre: obreros,
campesinos emigrados a los cinturones de miseria, subempleados de todo tipo,
trabajadoras domésticas, mujeres abandonadas o cuyos maridos no ganan ni el
salario mínimo, desempleadas, viudas y así por el estilo; cuando constatamos,
finalmente, que las colonias más dañadas son precisamente aquellas donde viven
los pobres, donde vive el pueblo humilde y trabajador. En síntesis, pues, todo
duele más cuando nos damos cuenta de que las víctimas lo son más de la
injusticia social que las priva de una vivienda digna y segura que del fenómeno
natural en cuestión.
Y como no hay desgracia que venga sola, tras la
inundación de aguas negras viene la negra inundación de demagogia de los
políticos, la catarata de promesas de ayuda que nunca llega, de reparación de
daños cuyos fondos se quedan en manos de los encargados de aplicarlos, de
ofrecimientos de reubicación y entrega de vivienda segura que jamás van más
allá de la “foto” para engañar a la opinión pública. Junto con esto, va el
“gran despliegue de gentes y de recursos de logística”: miles de soldados, de
marinos, de policías; ejércitos de funcionarios de las distintas dependencias
relacionadas con el caso que acuden en ayuda de los necesitados. Decenas y
hasta cientos de millones de pesos se derrochan inútilmente en el traslado,
ubicación y alimentación de toda esta gente que, a la postre, poco o nada hace
por las víctimas. Quien se tome la molestia de visitar la zona de desastre un
año después, por ejemplo, se va a topar con la sorpresa de que todo sigue
igual, o casi igual, que a raíz de la tragedia; que los damnificados se
quedaron esperando la ayuda; que algunos vivales hicieron su agosto
secuestrándola y escondiéndola para financiar sus campañas políticas, y que no
vacilaron en ocultarla bajo toneladas de tierra cuando se les echó a perder,
para ocultar su fechoría. Una burla en toda forma.
Y es que el remedio no está en curar el daño cuando ya
está hecho o, como dice el refrán, “en tapar el pozo después de ahogado el
niño”. Hay que atacar las causas en su raíz para evitar a tiempo las
consecuencias. Y las causas las conoce todo el mundo: falta total de una
política de cuidado y conservación de la ecología; cero planificación racional
del crecimiento de las poblaciones (lo que lleva a los necesitados a asentarse
en áreas de riesgo) y cero atención al problema de la vivienda popular. Está
demostrado que los estragos causados por fenómenos naturales pueden reducirse
casi a cero si sólo se atienden dos cuestiones fundamentales: áreas adecuadas
para los asentamientos humanos y una vivienda segura, hecha con materiales sólidos
y resistentes, para todos. Con ello se evita ese monstruoso desperdicio de
recursos para mover a ejércitos de inútiles en cada emergencia; basta con que
la gente se recluya en sus casas y tome las precauciones mínimas del caso, más
una vigilancia y ayuda mínima por parte del Estado.
Pero en México vemos otra cosa muy distinta. Por todos
lados brotan leyes persecutorias que criminalizan la lucha popular por la
vivienda, leyes que estipulan penas severísimas de cárcel para quien se atreva
a promover esa demanda en la forma que sea. Los argumentos para justificar esa
saña persecutoria son muchos y de variada índole; pero la verdad es una sola:
se trata, de una parte, de impedir que las organizaciones populares se
multipliquen y crezcan y, de otra, garantizar a las grandes inmobiliarias el
monopolio de las “viviendas de interés social” hechas de pacotilla, a precios
prohibitivos para los más pobres. Y las amenazas no son de broma. Ahí está el
caso de la valiente luchadora Cristina Rosas Illescas, que estuvo presa durante
3 años en una mazmorra de Querétaro por órdenes del gobernador Garrido Patrón,
sólo por atreverse a pelear en serio vivienda para los humildes. Así se cierra
la pinza mortal sobre los sin techo: de un lado, los desastres naturales que
cada día son más intensos y frecuentes a causa del cambio climático del
planeta; y de otro, la persecución encarnizada de las voraces constructoras, a
través de sus servidores políticos, contra todo aquél que quiera cambiar sus
endebles, estrechos, sucios e incómodos cuchitriles por una vivienda amplia,
limpia y segura. Seguiremos, pues, presenciando desastres humanos y oyendo los
falsos lamentos de las plañideras de los medios de comunicación, así como las
promesas, más falsas aún, de los políticos arribistas que viven de engañar al
pueblo mientras se gastan alegremente el dinero de sus impuestos.
