LA POLICÍA DE TLAXCALA REPRIME A FAMILIAS DE PUEBLA
Al Gobernador del estado de Puebla, Doctor Rafael Moreno Valle
Al Gobernador del estado de Tlaxcala, Lic. Mariano González Zarur
A la Opinión Pública Nacional
El lunes pasado a las 2 de la madrugada, como quien sabe que la oscuridad es buena compañera del delito, un grupo de porros del estado de Tlaxcala, armados con pistolas, palos y machetes, desalojaron violentamente y sin mandamiento de alguna autoridad facultada para ello a 120 familias integrantes del Movimiento Antorchista de un predio conocido como Santiago de Los Leones, que mide dos hectáreas, en la junta auxiliar de San Miguel Canoa, del estado de Puebla, terreno que habían comprado legalmente desde hace más de seis meses.
Violando la soberanía estatal, los porros fueron apoyados por 50 policías municipales de San Pablo del Monte, Tlaxcala, y más de 300 elementos policíacos estatales, todos equipados con armas largas y maquinaria pesada, enviados expresamente a desalojar a las familias poblanas.
Una parte de la policía bloqueó los accesos al predio, mientras que el resto del grupo y los porros se dedicaron a sacar a las familias de sus viviendas, a destruírselas y a robar lo poco de valor que había en ellas. Los niños, señoras, ancianos, que a esas horas estaban durmiendo tranquilamente, fueron objeto de una trampa que los atrapó entre dos pinzas que les impedía salir en busca de un refugio contra la masa de vándalos alcoholizados y drogados que los golpeaban y disparaban ráfagas. Finalmente, los agresores se apoderaron del predio y montaron guardia para que nadie pudiera entrar.
A las cuatro de la mañana, un funcionario que recibe órdenes de Hilario Salas Galán, alcalde de San Pablo del Monte, entregó a los vándalos el predio allanado a las familias poblanas. Eso fue en la madrugada; todo ante la indiferente mirada de la Policía de Puebla, que “resguardaba” el orden en la carretera aledaña al terreno.
A primera hora de la mañana, los antorchistas buscaron una entrevista con el Secretario de Gobierno de Tlaxcala, Noé Rodríguez Roldán, a quien le pidieron que detuviera el rabioso e injustificado ataque de los porros y los policías de Tlaxcala. El funcionario revisó los documentos que validan la propiedad de las 120 familias y concluyó que el predio pertenece al estado de Puebla y que ellos no tenían nada que ver en el asunto, sino que los policías “habían acudido a resguardar el orden”.
Más tarde, el Movimiento Antorchista organizó dos movilizaciones para protestar contra la injusticia y hacer valer su derecho sobre el predio, adquirido en pagos módicos por las familias desde hace seis meses en un contrato firmado con el anterior dueño del predio, el señor Pascual Arce Flores, que contaba con las escrituras del terreno desde 1978.
Las movilizaciones tenían el objetivo de encauzar el problema legalmente y protestar por la agresión tan brutal contra las familias pobres que intentan dotarse organizada y de forma pacifica de un lote para vivienda: una, caminaría por la carretera hasta llegar a las oficinas del gobierno estatal de Puebla para pedir la intervención del gobernador por la violenta y brutal intromisión en territorio poblano en contra de colonos pacíficos; mientras que la segunda se dirigiría hacia el ayuntamiento de San Pablo del Monte, en Tlaxcala, porque de ahí salió la orden para que la policía desalojara ilegalmente el predio en cuestión y donde tenia detenidos a mas de 10 colonos desalojados en la madrugada de ese día. Las dos protestarían contra el sangriento allanamiento en territorio poblano y los abogados mostrarían los documentos que acreditan a las familias antorchistas como las verdaderas dueñas del predio.
Ninguna de la dos se pudo llevar a cabo. En el caso de la primera, los antorchistas y sus abogados nuevamente fueron emboscados y cobardemente atacados por la policía municipal y estatal de Tlaxcala frente al ayuntamiento de San Pablo del Monte y encarcelados, sin mediar palabra ni orden judicial. De esta agresión resultaron 16 heridos, nueve de gravedad, y 19 detenidos. La segunda manifestación corrió la misma suerte. Cuando a las 10 de la mañana los desalojados -apoyados por sus compañeros de las colonias Jorge Obispo y 6 de Junio- se concentraban en la carretera para iniciar su caminata, fueron nuevamente agredidos por la policía de Tlaxcala que les trato de impedir el paso hacia la ciudad de Puebla, con un saldo de ocho heridos, que fueron atendidos por la Cruz Roja. Esta segunda marcha finalmente concluyó en las oficinas de la Secretaria General de Gobierno para entrevistarse con funcionarios de esa secretaria.
Ésta es la apretada narración de los hechos del lunes pasado, pero el caso se remonta seis meses atrás, cuando las 120 familias -a las que el salario u otra razón que aquí no viene al caso contar no les permitía adquirir una casa con las empresas de ramo, y que por tanto tenían que ajustarse a lo que sí les alcanzaba-encontraron que el predio Santiago de Los Leones podría ser una opción. Así que se dieron a la tarea de buscar al dueño, al que finalmente encontraron, y, previa verificación en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla por los abogados debidamente calificados para ello, firmaron un contrato de compra-venta, que se había cumplido en tiempo y forma por ambas partes, hasta que la mañana del lunes el grupo de porros llegó al terreno reclamándolo como suyo.
Las preguntas son inevitables: ¿Y si los supuestos dueños tienen el derecho en su favor, por qué no acudieron a un juez que ordenara restituirles el predio, en vez de atacar con violencia a los desprotegidos pobladores? ¿Por qué usaron a la policía de Tlaxcala para completar su ilegal desalojo? ¿Y por qué el gobierno de Puebla no ha dicho ni media palabra sobre la invasión a su soberanía? La respuesta, para quien no tenga mala fe, es clara: porque ni son los dueños legítimos, la ley no les favorece y porque se trata de vándalos a contrato que velan por los intereses de políticos incrustados en el gobierno del estado de Tlaxcala, que lo que busca no es un predio de dos hectáreas, sino bloquear el crecimiento del antorchismo.
No es un asunto “entre particulares” y tampoco es que la “policía de Tlaxcala, siempre solidaria con su par de Puebla ”haya venido a poner orden como lo quisieron hacer ver
algunos medios de comunicación. No. Se trata de un golpeteo sobre el Movimiento Antorchista, lo que demuestra que hay intereses políticos que se han visto amenazados con el crecimiento de la organización que no se le somete a quienes ostentan el poder.
Por todo lo anterior, en Primer lugar aclaramos que:
1.- Es falso que haya habido enfrentamiento entre los Antorchistas y las fuerzas policíacas del estado de Tlaxcala, fuimos victimas de una brutal agresión física y moral en nuestras personas y en nuestra propiedad.
2.-Que es una vil calumnia que los Antorchistas hayamos agredido a la policía o que alguno haya sido lesionado por nosotros y exigimos al gobierno de Tlaxcala desmienta tal versión que se ha manejado a semejanza de boletín oficial en varios medios o que exhiba a los policías que supuestamente fueron agredidos con armas de fuego. De no hacerlo quedara clara la maniobra difamatoria y la calumnia que se pretende hacer una vez más en contra del Movimiento Antorchista
1. Que se respete la propiedad legal y la posesión de las 120 familias, cuyas casas son muy humildes como se pudo observar a través de las pantallas de televisión.
2. Que el gobierno del estado de Puebla, que encabeza el Doctor Rafael Moreno Valle, intervenga para que el conflicto tenga pronta y pacífica solución y se proceda con todo el peso de la ley contra los agresores de la paz y la soberanía del estado de Puebla
3. Que el gobierno de Tlaxcala, encabezado por el Licenciado Mariano González Zarur, cese su intervención agresiva contra modestos ciudadanos a los que se pretende despojar de su patrimonio legalmente adquirido.
4. Que las autoridades competentes inicien el procedimiento de juicio político y penal contra el Presidente Municipal de San Pablo del Monte, por los delitos de abuso de autoridad, uso indiscriminado e irracional de la fuerza pública y por violar la soberanía del estado de Puebla en una incursión armada, arbitraria e ilegal.
Dejar sin castigo a los culpables, es condenar a las familias a vivir a la intemperie y solapar que grupos y autoridades municipales caciquiles impongan su ley de horca y cuchillo a la sombra del gobierno, por lo que de inmediato iniciaremos movilizaciones multitudinarias para demandar el cumplimiento de estas justas peticiones.
Respetuosamente,
El Comité Estatal del Movimiento Antorchista Poblano
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