¿Revisar al Coneval?

¿Revisar al Coneval?

Aquiles Montaño Brito

Sí -dijo el secretario- habría que revisar las formas de medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), órgano en el que recae, entre otras cosas, el cálculo de la pobreza en el país. ¿Quién revisa al revisador? Nadie. ¿Quién evalúa al evaluador? Nadie. Por eso, en un arranque de feliz cordura, Roberto Moya Clemente, a la sazón secretario de Finanzas del Gobierno del estado de Puebla, sostuvo que habrá que ver bajo qué parámetros el Coneval afirma que Puebla es el tercer estado con más pobres del país; con qué elementos dice que el Gobierno morenovallista es una exitosa “fábrica” de pobres, calientitos y saliditos del horno; cómo está eso de que durante los tres primeros años del PAN frente al Gobierno ¡otras! 300 mil personas se sumaron a las estadísticas de marginación o, finalmente, cómo es que en sus cuentas le sale que el 64.5 por ciento de la población se encuentra sumido en la miseria y el hambre. La duda es razonable -según el secretario de Finanzas-, porque las inversiones en obra pública y “otros apoyos” se han incrementado considerablemente, por lo menos nominalmente, y con eso bastaría para que no sólo se detuviera la alarmante carrera de la brecha entre ricos y pobres, sino para que ésta se redujera drásticamente.

Pero es bastante lógico, para un cerebro que no use camisa de fuerza, que este fenómeno suceda: es decir, que a pesar de que el Gobierno invierta más dinero en obra pública y atraiga más inversiones al estado, la pobreza siga su paso vertiginoso. Nadie sabe a dónde va a parar el fenómeno, y las mentes más eruditas no dan pie con bola para remediar este mal. Vamos a poner dos o tres ejemplos de qué es lo que pasa en Puebla.

Ya tiene algo de tiempo que los integrantes del Movimiento Antorchista han exigido al Gobierno del estado que la Secretaría de Infraestructura concluya la construcción de más de 20 obras en la capital, puesto que las empresas que contrató las dejaron a medias, defectuosas o que, en el colmo, llegaron sólo a crear un problema mayor debido al descuido con que las realizaron. Y aunque parezca increíble nadie en el Gobierno ha querido atender esta exigencia, justificable, además, porque los recursos para su construcción fueron gestionados por el Movimiento Antorchista y sus diputados federales en la Cámara de Diputados, es decir, porque al Gobierno estatal sólo le correspondía aplicar de forma correcta el dinero gestionado, que le fue entregado por la Secretaría de Hacienda a mediados del año pasado. Al mismo tiempo hay que tomar muy en cuenta que todas y cada una de esas construcciones -que no voy a detallar en ahorro de espacio- fueron valoradas y sopesadas por los propios beneficiarios como las más urgentes; su nacimiento, pues, es totalmente popular y, por tanto, tienen el objetivo de ser un golpe del precisión en el combate a la pobreza; no es un invento de un puñado de líderes que, desde el escritorio, creyeron que ésas obras son las que se debían hacer.

También está el ya famoso caso de los obreros de la empresa Mex Mode, en el que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) se ha negado a entregar la Toma de Nota al Nuevo Comité Ejecutivo del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Empresa Mex Mode, que fue quien ganó, con mayoría incuestionable, las elecciones del pasado 5 de enero (¡hace dos meses!). ¿Por qué? Porque empresa y autoridades ven como un quiste maligno a la nueva directiva, que nació de un proceso obrero democrático y que peleará para que sus representados tengan mejores salarios, más prestaciones, horarios de trabajo conforme lo marca la ley, y todo lo demás que hacen los sindicatos biennacidos que, a fuer de verdad, son contados en este país. La facilidad con que se coluden los altos mandos de la JLCA con los empresarios ha tomado tales dimensiones que, en este caso por ejemplo, han solapado el despido injustificado de dos de los integrantes del nuevo Comité Ejecutivo, sin que hasta el momento hayan sido reinstalados en sus puestos de trabajo.

Y todavía más, hoy algunos medios capitalinos retoman las declaraciones del Rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, quien afirma, palabras más, palabras menos, que “aquí en Puebla tenemos que 38.29 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) percibe un salario mínimo. ¿Saben lo que significa esto? Que viven con 62 o 63 pesos diarios. Esto es un crimen”. Pero el rector va más allá en su análisis, que no inventó, porque está claro que obtuvo los datos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y que todos los medios publicitaron: “si se junta (el 38.29 %) con los que reciben dos salarios, que es 28.08 por ciento, se tiene un total de 66.37 por ciento de la población que subsiste en una situación extrema de pobreza. (…) Parece una situación grave, pero este sistema lo que produce cada día más son pobres”. Item más: todo mundo recuerda aquella infame noticia, aparecida en la misma publicación, de que en el estado existen por lo menos 400 mil obreros que no perciben un salario. Esto quiere decir que al trabajador se le ataca por ambos lados: los empresarios ofertan salarios para morirse de hambre y el Gobierno niega la posibilidad de que un sindicato digno los represente para mejorar su situación.

Pero del otro lado de la moneda la situación es harto distinta: es público, porque está en los informes de la Secretaría de Finanzas del estado, que en un periodo de apenas ocho meses el Gobierno poblano entregó 110.5 millones de pesos en “subsidios” a la empresa alemana Volkswagen. Pero por si esto fuera poco, también es público que durante el año pasado el mismo Gobierno invirtió cerca de 4 mil millones de pesos en la instalación de la planta de la empresa fabricadora de carros Audi, en San José Chiapa, un presupuesto superior al total de recursos ejercidos por el ayuntamiento de Puebla. De acuerdo con algunos analistas, en los “pequeños apoyos” para los empresarios de Audi se invirtieron 600 millones de pesos más que en las necesidades de la capital que, como usted sabe bien, son muchas, dado que es la capital de la pobreza en México.

La política, pues, del Gobierno está fallando: obras en las colonias populares mal hechas; obras faraónicas que no impactan en el combate a la pobreza; bajos salarios y represión de los obreros, y, finalmente, apoyo desmedido a los empresarios. Ésas son, y no otras, las razones de que los 165 mil millones de pesos que ha malgastado el Gobierno de Puebla durante sus primeros tres años sólo hayan servido para “fabricar” más pobres. Por eso, en una cosa concuerdo con el secretario de Finanzas: sí, claro que sí, habría que revisar al Coneval. Quizá esté midiendo mal la pobreza en nuestro país… es casi seguro que la situación sea más alarmante.