Desplegado 020512

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Gobierno del Estado de México
no esconde su protección al pulpo camionero

El 8 de mayo, marcha con 50 mil antorchistas en la capital del Estado

de México,que será precedida por una campaña nacional de denuncia

A la opinión pública

La respuesta mediática a la multitudinaria manifestación de más de 30 mil personas, que se realizó el martes pasado en la ciudad de Toluca, para exigir que el gobierno ponga un freno a la arbitrariedad y al crimen protagonizados por el violento grupo que monopoliza el transporte mexiquense, exhibió aún más la complicidad existente entre diversas áreas del gobierno estatal y ese anacrónico monopolio encabezado por Áxel García.

En vez de responder favorablemente a las peticiones de los trabajadores del volante, o exponer las razones por las que no las atiende, el gobierno estatal operó, con recursos oficiales, una campaña mediática para intentar que nadie se enterara siquiera de las razones de la marcha, que los manifestantes aparecieran como personas manipuladas o contratadas, y sus líderes como arribistas que usan ésta y otras luchas sociales como pretexto para lograr puestos públicos, sin importarles los trastornos que provoca un acto masivo de esta naturaleza.

Sepultadas en un alud de injurias, ataques disfrazados de análisis, y calumnias descaradas contra los líderes antorchistas, quedaron las denuncias sobre las lesiones y amenazas de muerte a choferes y pasajeros; los robos, destrucción e incendio de unidades provocadas por el pulpo camionero a los trabajadores que pretenden laborar por su cuenta; las invasiones de ruta toleradas por el gobierno; las concesiones dadas a manos llenas a Áxel y su grupo (cuyo fabuloso número presume él, cada que puede) y negadas sin razón alguna a trabajadores independientes; también fueron echadas a un lado las razones de la innegable inconformidad que hay en el gremio transportista contra quienes los han regenteado abusivamente, sin que nada tenga que ver el antorchismo  en la génesis y escalamiento de esa rebeldía, pues nuestra organización se ha limitado a solidarizarse con los trabajadores inconformes, sino como fruto necesario de la descomposición y caducidad de esa estructura corrompida del transporte público, que ya no funciona ni en lo económico ni en lo político.

Una nota que revela nítidamente el origen gubernamental del ataque, y que fue usada como molde por otros medios, es la que presentó el periodista Carlos González, conductor del programa nocturno de noticias del canal oficial del Gobierno del Estado de México. Ahí, el periodista se despachó a su gusto contra Antorcha Campesina, en una larguísima nota en la que jamás apareció la postura de los manifestantes y sus razones para protestar, cualesquiera que estas sean, ocultamiento que representa una distorsión descarada y tendenciosa de la información. En cambio, la nota es abundante en calificativos ofensivos contra los manifestantes (por ejemplo, el conductor les espetó que “la irresponsabilidad tuvo rostro de antorchista”); en repeticiones de lo que algunos  lamerones han dicho en otros medios para denigrar a las manifestaciones y defender así a ultranza a personas y grupos poderosos a los que sirven: “que no están en contra del derecho a manifestarse, siempre y cuando los manifestantes no afecten el tráfico de vehículos, no sean un obstáculo para que la gente se desplace a su trabajo, escuela o cita cualquiera, ni impidan la afluencia normal de clientes a las tiendas”; o sea, apoyan las manifestaciones, siempre y cuando los participantes se manifiesten por los aires, o cada quien gritando en su casa, o en algún remoto cerro donde nadie los vea ni escuche; es casi lo mismo que afirmar que son firmes apoyadores del derecho constitucional a manifestarse, siempre y cuando éste nunca se lleve a cabo.

En la nota no hay una sola mención crítica hacia la mafia del transporte; mucho menos aparece una sola alusión a las autoridades responsables de que el conflicto se desate y se escale; su ataque no es fruto de un riguroso análisis de las peticiones de los inconformes, que le habría mostrado al auditorio que son ilegítimas, exageradas, inventadas, absurdas e imposibles de cumplir; tampoco analiza si las peticiones son de la incumbencia de la secretarías de Transporte y de Gobierno y en qué medida éstas han actuado con lenidad o abierta complicidad con los monopolistas del transporte; el señor González no puede demostrarnos que investigó el desarrollo del conflicto y probar que no ensayamos muchos otros recursos antes de perturbar la paz de otras personas; aquí, como en otros casos, lo que menos importa es el derecho de los más pobres a una vida mejor y la injusticia social que hay detrás de cada marcha; la existencia de la garantía constitucional de libre asociación y manifestación le tiene sin cuidado; simple y sencillamente hay que cumplir la orden de quien manda y paga.

Tampoco es un truco nuevo poner de acuerdo a cualquier voz “proveniente de la academia”, para darle “autoridad científica” a un ataque artero, como lo hizo este señor al pasar al aire a una persona que se dijo era académica e investigadora, quien tras un pequeño esfuerzo inicial por darle aires intelectuales a su participación y ocultar su penoso papel de patiño, de plano se lanzó a ofender a los manifestantes al decir que fueron a protestar “porque les pagan” y porque sus líderes quieren puestos públicos, acusación que fue seguida de la intervención final del conductor, que ya desatado llamó a todos los inconformes, incluidos los “antorchistas que se quejan del rumbo de la organización, pero no dan su nombre por temor a represalias”, para que se opongan a esta provocación y chantaje contra la pobre y cándida autoridad, víctima de intereses perversos.

Algo parecido a esto fue repetido simultáneamente en columnas, notas y comentarios, con una sincronía y homogeneidad en los ataques que a leguas delatan el boletín oficial; algunos de estos replicadores de boletines, contratados para darle vuelo a la versión gubernamental, ni siquiera se tomaron la molestia de modificarla un poco para hacerla aparecer como fruto legítimo de su oficio reporteril, y se limitaron a sumarle el nombre del “autor” y alguna que otra injuria de su cosecha.

Es obvio, entonces, que hay un respaldo total del Gobierno del Estado de México hacia el monopolio mexiquense del transporte, que se ha traducido en los oídos sordos que prestan los funcionarios a cualquier queja o demanda que altere su relación con ese grupo mafioso, que de inmediato acusa de recibido esa protección, se envalentona y arrecia sus ataques, como ocurrió menos de 24 horas después de la manifestación aquí señalada, cuando nuevamente unos tipos dispararon contra cuatro vehículos de trasportistas agrupados en la empresa Autotransportes México-Zumpango S.A de C.V., robaron a los pasajeros e hirieron de bala a uno de ellos y amenazaron a los choferes, al grito de “bájenle de h… porque si no, van a valer madres”, todo lo cual fue denunciado y consta en las carpetas de investigación 493500210098112 y 4935108338712, iniciadas respectivamente en los municipios de Cuautitlán México y Cuautitlán Izcalli, sin que haya ningún detenido hasta el momento.

También es claro que la defensa que ha intentado hacer de sí mismo el pulpo camionero mediante inserciones en los medios, ha resultado inútil, por torpe y grosera, por lo que el gobierno mexiquense ha puesto a su servicio su maquinaria mediática, como lo vimos en la manifestación del martes.  A pesar de eso, no vamos a abandonar a su suerte a los transportistas que han buscado nuestra solidaridad, sino que vamos a redoblar las acciones hasta que haya una respuesta justiciera a sus peticiones, por lo que anunciamos la realización de una marcha con 50 mil antorchistas para el día 8 de mayo, en la capital del Estado de México, que será precedida de una campaña nacional de denuncia respaldada por el antorchismo de todo el país.

MUY RESPETUOSAMENTE

LA DIRECCIÓN NACIONAL
DEL MOVIMIENTO ANTORCHISTA